Amnistía Internacional demanda legalmente a Reino Unido por vigilancia estatal

 

Amnistía Internacional ha anunciado hoy que ha presentado una demanda judicial contra Reino Unido por sospechar que los servicios de inteligencia británicos han accedido ilegalmente a las comunicaciones de la organización.

En junio, gracias a las revelaciones del estadounidense Edward Snowden, se supo que Estados Unidos accedía habitualmente a las comunicaciones de millones de personas a través de PRISM, un programa anteriormente secreto de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) al que las autoridades británicas tenían acceso. Posteriormente se supo que la agencia de inteligencia británica GCHQ podría haber sometido también a algunas personas a vigilancia generalizada a través de su propio programa secreto, denominado Tempora.
 

Estas revelaciones pusieron claramente de manifiesto las enormes lagunas del actual marco legal británico en cuanto a su capacidad para seguir el ritmo de los avances tecnológicos, y por tanto para proteger los derechos humanos de las personas afectadas

Amnistía Internacional considera que, debido a la naturaleza global y a menudo sumamente delicada de su trabajo, es muy probable que sus comunicaciones hayan sido interceptadas ilegalmente por los servicios de inteligencia del Reino Unido y Estados Unidos, dado el interés de su contenido para estas agencias. 

En vista de lo cual, la organización ha presentado una demanda ante el Tribunal de Poderes de Investigación (IPT por sus iniciales en inglés), argumentando que las actividades de las autoridades del Reino Unido vulneran el artículo 8 (derecho a la intimidad) y el artículo 10 (derecho a la libertad de expresión) de la Ley de Derechos Humanos de 1998.
 

Michael Bochenek, director de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional, ha declarado:

“En vista de que existen tales programas de vigilancia masiva secretos y exhaustivos, el actual marco legal por el que se rige la vigilancia en Reino Unido es extremadamente inadecuado y debe ser reformado con urgencia.
 

“Como organización global que trabaja en muchos asuntos delicados que podrían resultar particularmente interesantes para los servicios de seguridad de Estados Unidos y Reino Unido, nos preocupa mucho la posibilidad de que las comunicaciones de nuestro personal puedan haber sido interceptadas.”
 

“Debemos recordar, sin embargo, que los programas secretos de vigilancia masiva, como PRISM y Tempora no sólo afectan a organizaciones como Amnistía Internacional, sino a todos y cada uno de los ciudadanos y a su derecho a la intimidad.”

Las investigaciones del IPT deben ser públicas

La labor del IPT es examinar las quejas respecto al comportamiento de los servicios de inteligencia de Reino Unido. El organismo de investigación es secreto: determina sus propios procedimientos y suele trabajar a puerta cerrada. Por eso Amnistía Internacional ha pedido que su demanda se vea en audiencia pública.

Michael Bochenek ha añadido:

“Sería una ridícula ironía que el examen del IPT sobre una vigilancia que se ha llevado a cabo en secreto fuera a su vez completamente secreto.”

Las abogadas Kirsty Brimelow y Jude Bunting, de Doughty Street Chambers, representan a Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional lanza campaña para visibilizar la labor de quienes luchan en defensa de los derechos humanos

 

El día de hoy, jueves 21 de noviembre, Amnistía Internacional (AI) ha presentado en México una campaña que tiene como fin visibilizar la labor de quienes han dedicado su vida a la lucha por los derechos humanos.

 

Esta campaña, llamada #BuscaTusDerechos se valdrá de intervenciones urbanas en varias ciudades del país y de una intensa campaña en medios digitales.

 

“En México y en todo el mundo, incontables personas se suman cada día a la lucha por los derechos humanos, ya sean víctimas de abusos que exigen justicia o personas defensoras que buscan hacer de los derechos humanos una realidad para todas las personas”. Afirmó Perseo Quiroz,  Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.

 

Para esta campaña, Amnistía Internacional ha seleccionado una docena de casos que ejemplifican de forma paradigmática los obstáculos a los cuales se enfrentan las personas que luchan por sus derechos. La mitad de estos casos corresponden a personas en México y se incluyen defensores de migrantes, supervivientes y familiares de víctimas de desaparición forzada, tortura y violencia sexual, así como casos que evidencian graves fallas en el sistema de justicia del país.

 

“Con esta campaña buscamos visibilizar estas luchas. Queremos hacer tangible lo intangible, queremos llevar estos casos más allá de las páginas de los diarios e integrarlos en los espacios que forman parte de la rutina de las personas.” agregó Perseo Quiroz.

 

En la primera etapa de la campaña, la organización distribuirá en las principales ciudades del país más de 10,000 sobres que incluyen relatos y testimonios de los casos que integran la campaña. Cada uno de estos sobres invitará a quien lo encuentre a tomar una acción para respaldar ese caso.

 

Mediante esta campaña la organización busca recolectar al menos 50,000 firmas de apoyo a  llegar a millones de personas a través de las redes sociales, universidades y espacios públicos.

 

El sitio web de la campaña puede encontrarse en la dirección www.tusderechos.mx y puede seguirse en las redes sociales mediante el hashtag #BuscaTusDerechos.

 

Amnistía Internacional llama a los países de América Latina ha despenalizar el aborto en la región.
 

Despenalizar el aborto en América Latina y el Caribe es un compromiso con el derecho a la vida, a la igualdad y un imperativo de Derechos Humanos. Afirmó hoy Amnistía Internacional en el marco del Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe.

 

Despenalizar el aborto en la región es un compromiso con la vida. Los propios Estados de América Latina y el Caribe han reconocido recientemente que la penalización del aborto provoca el incremento de la mortalidad y morbilidad maternas y no disminuye el número de abortos. Esto es así porque amenazar con penas de prisión a mujeres, jóvenes y adolescentes que deciden interrumpir su embarazo no las disuade, pero si las empuja a practicarse abortos clandestinos, que en la mayoría de los casos son inseguros y por ende ponen su vida y su salud en riesgo.

 

Desde Chile hasta México, Amnistía Internacional ha atestiguado con profunda preocupación las trágicas consecuencias a las que niñas y mujeres se enfrenta rutinariamente como consecuencia de políticas públicas que parecerían estar diseñadas para dificultar el acceso al aborto. Cuando esta situación se combina con los escandalosos niveles de violencia contra las mujeres en la región, la injustificada obstaculización del acceso al aborto causa unos resultados son devastadores.

 

En los países de América Latina, donde ser indígena o vivir en la pobreza a menudo significa tener que franquear incontables barreras para poder acceder a este procedimiento, no es extraño encontrar niveles desproporcionalmente alto de mujeres que mueren o quedan severamente afectadas a raíz de abortos inseguros. En la región más desigual del mundo, este no es un dato menor.

 

En México, la organización consideró lamentable una serie de reformas constituciones aprobadas en varios estados que buscarían dificultar eventuales avances hacia la despenalización del aborto, también han sido motivo de grave preocupación los procesos penales que han sido iniciados en varios estados contra mujeres acusadas de practicar.

 

En definitiva, despenalizar el aborto en la región es un imperativo de derechos humanos. Los estándares internacionales de derechos humanos son claros en que los Estados tienen la obligación de proteger los derechos a la vida, a la integridad física, a la autonomía y a la igualdad de mujeres, jóvenes y adolescentes. Para cumplir esta obligación, los Estados deben proveer de todas las herramientas necesarias para que mujeres, jóvenes y adolescentes puedan evitar embarazos no deseados. Las mujeres tienen el derecho a decidir si quieren ser madres o no y cuando quieren serlo. Asimismo, los Estados no pueden obligar a alguien a practicarse un aborto, así como no pueden amenazar con cárcel u otras penas a quienes lo practiquen; poniendo sus derechos en riesgo.

 

 

Amnistía Internacional promueve y defiende el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Quienes por convicciones morales, religiosas o filosóficas crean que interrumpir un embarazo es terminar con una vida tienen derecho a pensar y a practicar sus creencias. Sin embargo, los Estados no pueden imponer una sola idea y pensamiento a todas las personas a través de su sistema penal, y mucho menos criminalizar a quienes disienten con esa noción.

 

Amnistía Internacional ha documentado como tanto en México como en el resto la región, la falta de procedimientos adecuados, o su falta de cumplimiento, obstaculiza el acceso a servicios de aborto aún en casos de violación o cuando la vida de la madre corre peligro, incluso en países dónde sí es legal el acceso a estos servicios.

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso referido a la interpretación del derecho a la vida, ha establecido claramente que como no hay consenso acerca del inicio de la vida humana, los Estados deben permitir diferentes y a veces contradictorias opiniones al respecto dentro de su jurisdicción; aclarando que las concepciones morales o religiosas que consideran que un ovulo fecundado es vida humana “no pueden justificar que se otorgue prevalencia legal a esta idea, porque ello implicaría imponer un tipo de creencia específica a otras personas que no las comparten.”[1]

 

Este 28 de septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto en America Latina y el Caribe, es diferente. Hace poco más de un mes, los gobiernos de la región firmaron un histórico acuerdo consecuente con sus obligaciones en materia de derechos humanos y que de ser cumplido salvará miles de mujeres. En el Consenso de Montevideo, los gobiernos de 38 países de America Latina y el Caribe acordaron, entre otras cosas, “prevenir y evitar el aborto inseguro, (con medidas) que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado”. En igual sentido, instaron a los Estados a considerar “modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes.” Este histórico acuerdo fue firmado en la capital Uruguaya, un país que despenalizó el aborto en Octubre de 2012.

 

No existe justificación en el derecho internacional de los derechos humanos para amenazar con cárcel a quien interrumpa un embarazo no deseado, ni para obligar a una mujer o niña a seguir adelante con dicho embarazo.

 

Este 28 de septiembre, Amnistía Internacional hace un enérgico llamado a las y los líderes de todos los países de la región a demostrar su compromiso por los derechos humanos con cuatro estrategias concretas:

1-    Garantizar educación sexual para que las niñas, niños y adolescentes puedan elegir y decidir,

2-    Garantizar el acceso sin discriminación a métodos anticonceptivos modernos para que cada embarazo sea deseado,

3-    Despenalizar el aborto y garantizar que cualquier mujer o niña que sufra complicaciones derivadas de un aborto tenga acceso a los servicios médicos que precise y así evitar más muertes prevenibles, esto independientemente de si el aborto se practicó dentro o fuera del marco legal del país del que se trate,

4-    Garantizar la provisión de servicios de aborto a cualquier mujer o niña que quede embarazada a consecuencia de una violación, agresión sexual o incesto, o si el embarazo supone un riesgo para su vida o su salud.

Amnistía Internacional saluda la liberación de dos periodistas detenidos.

 

Amnistía Internacional saludó hoy la liberación de los periodistas Gustavo Ruiz Lizárraga y Pavel Alejandro Primo, quienes habían sido detenidos mientras documentaban los operativos policiales que tuvieron lugar durante las manifestaciones del 1 de septiembre.

 

Estas liberaciones se produjeron durante la madrugada del día de hoy junto a las de cuatro activistas más que también habían sido detenidos durante las manifestaciones. Una persona más permanece detenida

 

Amnistía Internacional (AI) considera positivas estas liberaciones. Sin embargo recuerda que los procesos contras las personas detenidas permanece por lo que ha reiterado a las autoridades su obligación asegurar que los procesos contra las personas detenidas durante estas manifestaciones sean justos e imparciales.

 

La organización también hace un llamado a las autoridades a explicar las razones detrás de las detenciones de los periodistas, quienes según grabaciones circuladas públicamente, fueron detenidos mientras realizaban su legítima labor.

 

Amnistía Internacional urge  el respeto de  la libertad de expresión y del derecho a un juicio justo para dos periodistas detenidos

 

Amnistía Internacional está preocupada por la detención y procesamiento de los periodistas Gustavo Ruiz Lizárraga, de la Agencia Subversiones y Pavel Alejandro Primo, de Multimedios Cronopios, quienes cubrían los disturbios del 1° de septiembre en el centro de la Ciudad de México. La organización ha sido informada de que ambos han sido consignados por varios delitos incluyendo ultrajes y resistencia a la autoridad.

 

Estas detenciones podrían constituir represalias de parte de las autoridades por el trabajo legítimo que estaban realizando los dos periodistas con el objetivo de documentar e informar sobre el operativo policial. Las autoridades del Distrito Federal estarían violando el derecho a la libertad de expresión y a un juicio justo fundado en la presunción de inocencia y el debido proceso.

 

Según la evidencia en video y el testimonio de testigos, los dos estaban realizando actividades periodísticas legítimas al filmar la detención de manifestantes por parte de la policía.

 

Sin embargo, el ministerio público los ha procesado y un juez ha fijado una fianza al parecer desproporcionadamente alta en relación con los delitos imputados. Esto podría implicar que los dos permanecerán detenidos de manera prolongada hasta la conclusión del juicio.

 

Es de igual preocupación el retraso de varias horas entre la detención de los dos periodistas y su presentación a agencias del ministerio público que se encuentran lejos del lugar de los hechos sin justificación. La evidencia de retraso indebido e irregularidades en las presentaciones ante el ministerio público parece haber sido ignorada por el poder judicial.

 

Es esencial que las autoridades del Distrito Federal garanticen el respeto por el trabajo informativo de todas y todos los periodistas y que el sistema de justicia no se preste para a detener y procesar a personas sin motivos legítimos.

San Fernando: Tres años de promesas rotas

 

A tres años de la masacre en San Fernando, Tamaulipas, en la que 72  migrantes fueron asesinados por integrantes del crimen organizado con la aparente colusión de varios policías locales,  las autoridades continúan sin cumplir su compromiso de tomar medidas para garantizar la seguridad las personas migrantes a su paso por México.

 

"El gobierno aún no ha anunciado las medidas que tomará para proteger a las personas migrantes en México. En tanto no se anuncien e implementen medidas efectivas para protegerlas, las autoridades mexicanas se vuelven omisas ante la violencia a la que día con día se enfrentan estas personas" afirmó Daniel Zapico, Representante en México de Amnistía Internacional.

 

El 22 de agosto de 2010 un grupo criminal asesinó a 72 personas, en su mayoría migrantes procedentes de Centro y Sudamérica en el municipio de San Fernando. Durante el año siguiente, en ese mismo municipio se descubrieron cerca de 200 cuerpos más en fosas comunes, parte de los cuales podrían pertenecer a migrantes aún sin identificar.  

 

A pesar de la detención de varios presuntos responsables, la verdad detrás de estos crímenes no ha sido esclarecida ni los responsables han respondido ante la justicia. La identificación plena y fidedigna de todos los restos también sigue pendiente. La falta de transparencia en el manejo de los casos ha sido grave.

1er informe de gobierno: Vacío de derechos humanos 

 

El primer informe de gobierno de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, publicado ayer, es muy decepcionante para el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos en México.

El discurso del presidente y el informe parecen confirmar la falta de prioridad del gobierno hacia temas urgentes de derechos humanos que afectan a millones de personas en México. Es preocupante que en  más de 800 páginas hay muy pocas evidencias de acciones concretas y decisivas de la administración federal al respecto.

Por ejemplo, brillan por su ausencia  medidas reales para erradicar la violencia contra las mujeres, para terminar con las abusos cometidos contra migrantes en tránsito por México, para resolver la crisis de las miles de personas desaparecidas y para acabar con la impunidad por las violaciones de derechos humanos. A pesar del fuerte  aumento en las denuncias de tortura  y otros malos tratos en los últimos años, el documento no hace mención alguna de acciones para erradicar la práctica de la  tortura.

“México se enfrenta a graves problemas de derechos humanos. Sin embargo, al leer este informe parecería tratarse otro país, donde estos problemas son marginales o no existen y por lo tanto no hay necesidad de invertir los recursos del Estado y abordarlos con seriedad.” Afirmó Daniel Zapico, Representante de Amnistía Internacional en México.

 “Si este informe es un reflejo fidedigno de las acciones tomadas y las que va a realizar la actual administración, nos enfrentamos a un panorama desolador.” Agregó Zapico. Las actividades enumeradas en el informe, pero sin mostrar  resultados concretos, son indicios de un gobierno que no parece tener conciencia de los problemas que enfrenta, ni estrategia ni voluntad para implementar las políticas de derechos humanos necesarias. 

La administración del presidente Calderón se caracterizó por negar o minimizar la magnitud de las graves violaciones a los derechos humanos en México. Está ahora en las manos del presidente Peña Nieto tomar acciones efectivas y así demostrar que no seguirá el mismo camino que su antecesor.

Amnistía Internacional hace un llamado al gobierno a escuchar y tomar en cuenta los reiterados aportes de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como de organismos intergubernamentales y de las mismas víctimas y sus familias, para desarrollar e implementar las medidas concretas con el objetivo de resolver los graves problemas de derechos humanos que enfrenta México.

Fallece a los 89 años la fundadora de Amnistía Internacional México

 

Minutos antes de la media noche de ayer, 18 de agosto, falleció Alicia Escalante de Zama, fundadora de la Sección Mexicana de Amnistía Internacional (AI), a los 89 años de edad en la Ciudad de México. Desde 1971, año de la fundación de la organización en México, Alicia trabajo de forma activa en favor de la defensa de los derechos humanos.

 

Quienes conforman la Sección Mexicana de Amnistía Internacional expresan sus más sinceras condolecías y la más profunda admiración por los más de 42 años de incansable trabajo a favor de los derechos humanos de doña Alicia.

 

Alicia Escalante de Zama fundó en mayo de 1971 la Sección Mexicana de Amnistía Internacional tras haber sido testigo del efecto del trabajo de la organización sobre su hijo, Arturo Zama Escalante, líder estudiantil detenido en 1968 por haber participado en protestas públicas. En 1971 Arturo fue liberado y con el apoyo de activistas de Amnistía Internacional consiguió refugio en Canadá. Alicia, conmovida por el impacto en la vida de su hijo que había tenido la labor de activistas de AI en todo el mundo, decidió incorporarse de forma activa a la defensa de los derechos humanos, fundando en 1971 la Sección Mexicana de Amnistía Internacional, una de las primeras organizaciones de derechos humanos en el país.

 

Arturo Zama Escalante falleció el 24 de octubre del 2010.

 

Color de piel, orientación sexual y aspecto físico, obstáculos para conseguir empleo: Conapred


  • Realizan en la CDHDF el foro “Derechos Humanos y Empresas”
  • “Ser una empresa socialmente responsable va más allá de plantar arbolitos”, coinciden
Cortesia de NotiEse, por Guillermo Montalvo Fuentes
 
México DFagosto 02 de 2013.

Apariencia física, sexo, color de piel, orientación sexual, discapacidad, estatura o hablar una lengua indígena, son algunas de las características que dificultan la posibilidad de tener un empleo bien pagado en México, de acuerdo con Jean Philibert Mobwa, subdirector de Vinculación y Medidas Compensatorias del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). 

Durante su participación en el foro “Derechos Humanos y Empresas”, el cual tuvo lugar ayer en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el funcionario señaló que las mujeres, personas con alguna discapacidad y adultos mayores son quienes más enfrentan discriminación laboral en el país. 

Al respecto, y luego de dar por inaugurado el foro, Luis González Placencia, titular de la CDHDF, mencionó que alrededor de mil personas se han quejado ante este organismo por violación de derechos humanos en el terreno laboral, la mayoría de las veces por malos mecanismos de contratación, falta de pago de honorarios y algunos por actos discriminatorios. 

Placencia precisó que sí han recibido en la CDHDF quejas de personas que fueron discriminadas por su orientación sexual o por vivir con VIH, en su trabajo o al tratar de conseguirlo; sin embargo, dijo, “cada vez son menos”. 

”Ser una empresa socialmente responsable va más allá de plantar arbolitos” 

Las declaraciones de Jean Philibert Mobwa se dieron como parte de la mesa de discusión “El deber estatal de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contra abusos de empresas nacionales y transnacionales”; luego de otra mesa que llevó por nombre “La responsabilidad de las empresas de respetar la ley y los derechos humanos”, en la que participaron activistas y representantes de algunas empresas como Cinépolis y Teléfonica Movistar. 

Salvador Ortega López, ombudsman empresarial de la Confederación Patronal de la República Mexicana; Mauricio Lazala, director adjunto del Centro de Información sobre Derechos Humanos y Empresas; Raciel Sosa, de Great Place to Work; Felipe Burgeño, del Centro de Reflexión y Acción Laboral, y Sinai Guevara, de Green Pace México, fueron algunos de quienes participaron en el foro convocados por la CDHDF. 

Los ponentes coincidieron en que ser una empresa socialmente responsable “va más allá de sembrar arbolitos”, por lo que consideraron importante que las empresas respeten los derechos humanos laborales, pues el impacto de éstos es tal que afectan otros derechos humanos, como el derecho a la educación o a la salud. 

 

Nota de la Readacción:

 

No acaba aqui la lista: hay que agregar otras variables que influyen para no contratar a una persona. Fuera de lógica, claro.

 

Edad. A los 35 años empieza a ser "mayor", a los 40 "demasiado mayor", de ahí en adelante, no es contratable.

 

Escuela: Prefieren los nombres de prestigio. Entre más cara, mejor. las del D.F. Norteamerica, Inglaterra, Fancia son las privilegiadas.

 

Colonia: donde viven, donde estudian, porque entienden que sus amigos estan radicados

ahí.

 

Pais: El origen de los padres, de ellos mismos, de su escuela, de su anterior empleo.

 

Religión: Hay algunas que no se admiten en una empresa, pero en otro entorno si. Es necesario pertenecer a esa "cultura o medio"

 

Ideologia, nivel social: Cada segmento no admite al otro: ciertos partidos de izquierda ven como enemigo al que parece "burgues" En otros ambientes, el de clases superiores desprecia al que no se le iguala. 

Cortometraje en defensa de la libertad de expresión premiado en el Festival de Cannes

 

El día de hoy, 21 de junio, el cortometraje de Amnistía Internacional México "No más ataques a periodistas" recibió el premio al “Young Director Award” en el festival de Cannes que reconoce cada año las principales producciones del ámbito de la publicidad.

Con este premio Tino de la Huerta, director del corto, se convirtió en el primer mexicano en recibir este premio.

 

El corto “No más ataques a periodistas”, que fue lanzado el 25 de abril de 2012, formó parte de la campaña “Informar no debe costar la vida” que tuvo como objetivo impulsar la aprobación de la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos (La ley).

 

El  Young Director Award es considerado como el evento complementario más importante a la entrega de los premios de la industria publicitaria los “Leones de Cannes”. Cada año participan en este premio más de 400 producciones y asisten a la entrega más de 900 personas de la industria de la publicidad.

 

“La dedicatoria fundamental es para quienes fueron la motivación de esta historia para escribir esta historia: Las y los periodistas asesinados y sus familias. Esto es para ellos, esto es para México.” Afirmó Tino de la Huerta  minutos después de recibir el reconocimiento.

 

Mediante la campaña  “Informar no debe costar la vida” se logró recolectar cerca de 20,000 firmas que exigían a las autoridades la aprobación de la ley. Finalmente está ley fue aprobada y entró en vigor a finales de junio del 2012.

 

Las autoridades tienen en sus manos una nueva oportunidad para combatir la violencia contra las mujeres.

 

El día de hoy, Amnistía Internacional ha dirigido una carta a la secretaría del Sistema Nacional para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPSEVCM), con motivo de su reunión el día de mañana, 21 de junio, solicitando a esta dependencia  reconsiderar su decisión de rechazar la declaración de la alerta de violencia de género en el Estado de México.

 

La alerta de género es un mecanismo de emergencia previsto en la legislación para hacer frente a la violencia de género, incluyendo  los  feminicidios.

 

Amnistía Internacional ha visto con preocupación cómo pese a que la violencia contra mujeres y niñas es generalizada en numerosas estados, y que se ha solicitado en diferentes ocasiones la aplicación de esta medida, hasta el momento se ha rechazado reiteradamente. Esta es una muestra más de la falta de aplicación efectiva de la legislación para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres.

 

La organización reitera su llamado a las autoridades mexicanas para que estas modifiquen sus procedimientos para así garantizar la aplicación efectiva del mecanismo de alerta de violencia de género y otras medidas para erradicar la violencia contra las mujeres.

 

Amnistía Internacional exige una investigación efectiva sobre el asesinato de activistas en Guerrero.

 

El día de ayer, 3 de junio, fueron encontrados en el municipio de Tepecuacuilco, en el Estado de Guerrero, los cuerpos de varios activistas que se encontraban desaparecidos.

 

Estas personas - Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez - formaban parte de un grupo de activistas que, tras manifestarse en una caseta de peaje en una carretera en el municipio de Iguala, fueron secuestradas por un grupo de personas no identificadas el pasado 30 de mayo.  Aún se desconoce el paradero de otro activista, Jaime Castrejón.

 

Los activistas asesinados eran integrantes  de la organización Unidad Popular (UP) de Iguala, Guerrero.

 

La organización llama a las autoridades a conducir una investigación pronta, efectiva e imparcial sobre el secuestro y posterior asesinato de estos activistas, a que se hagan públicos los resultados de estas investigaciones y que se aseguren de que quienes resulten responsables rindan cuentas ante la justicia.

 

Llaman a informar a mujeres sobre derecho a tener un parto seguro

Cortesía de NotiEse y José Amaro Bautista

México DFmayo 20 de 2013.

En aras de que las mujeres tomen decisiones informadas a la hora del parto y éste sea digno y seguro, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y la asociación civil Parto Libre se unieron a la X Semana Mundial por un Parto Respetado. 

El secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas de la CDHDF, Gerardo Sauri Suárez, señaló que las mujeres deben ser informadas sobre los diversos procedimientos que constituyen la atención al parto a fin de que cada una de ellas elija el tipo de atención que prefiera. 

De esta manera las dos organizaciones y la CDHDF presentaron la cartilla Atención Humanizada al Parto, “la idea es difundir qué significa tener un parto humanizado, y que las mujeres conozcan sus derechos, ya que los médicos están impulsando las cesáreas y las mujeres no están exigiendo el parto humanizado” lo que se refleja en el alto porcentaje de cesáreas en el Distrito Federal, que es de 44 por ciento, indicó Alma Beltrán y Puga, integrante del GIRE. 

 

Invitación a medios:

 

Presentación del informe anual 2013.

 

El próximo jueves 23 de mayo, Amnistía Internacional (AI) presentará su informe mundial anual 2013. La presentación tendrá lugar en el Teatro de las Artes ubicado dentro de las Instalaciones del Centro Nacional de las Artes, en la Ciudad de México.

 

El informe mundial anual comprende un extenso análisis de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en México y el mundo que han sido motivo de preocupación para la organización durante el último año.

 

Niños con lentes son susceptibles de bullying en la escuela


  • Uno de cada cuatro niños en primaria y secundaria tienen problemas visuales
  • Diferencias entre escolares puede afectar el apego al uso de lentes en la niñez
Cortesía de NotieSe
México DFabril 30 de 2013.
Uno de cada cuatro escolares en el país requiere el uso de anteojos para corregir deficiencias visuales. Sin embargo, el apego a portar lentes durante la niñez puede ser desalentado ante la percepción de sentirse diferente o la desaprobación por parte de compañeros de la escuela, indicó José Luis Merino, miembro de la Asociación Mexicana de Oftalmología Pediátrica. 

El oftalmólogo agregó que en México, cerca de 25 por ciento de niños y niñas de primaria y secundaria presentan problemas de la visión como hipermetropía (dificultad para ver de cerca), miopía (dificultad para ver de lejos) y astigmatismo (desenfoque visual), u otros trastornos como estrabismo (ojos cruzados) o ambioplía (ojo perezoso), que repercuten en un adecuado desempeño escolar y desarrollo social. 

“Una vez identificados, los problemas visuales pueden ser corregidos a través del uso de lentes, sin embargo un factor por resolver inicia cuando el menor puede ser víctima de bullying (acoso u hostigamiento) en la escuela por llevar anteojos, situación que provoca que no quieran usarlos o los escondan, ocasionando que las deficiencias visuales continúen y se agudicen”. 

En conferencia de prensa, Trixia Valle, directora de Fundación en Movimiento, asociación dedicada a promover acciones en favor de la erradicación del bullying en el país, mencionó que cifras oficiales reveladas por el Sistema Federal para el Desarrollo Integral de la Familia señalan que 65 por ciento de la niñez mexicana ha vivido en alguna ocasión este fenómeno social, el cual definió como “toda actitud agresiva, intencionada y repetida, que ocurre sin una intención clara, adoptada por uno o más estudiantes contra otro u otros”. 

Mencionó que los motivos por los que niñas y niños son molestados en la escuela son variados, aunque en repetidas ocasiones los actos de agresión, amenaza o discriminación son derivados por diferencias en el aspecto físico como el color de la piel, el uso de lentes y el sobrepeso, o desventajas frente al agresor, como falta de habilidades sociales y menor condición socioeconómica. 

“Sin embargo, las consecuencias del bullying van más allá de complicaciones en la salud visual, el acoso escolar puede generar daño en la autoestima, disminución del rendimiento en la escuela, dificultad para la socialización, trastornos emocionales, depresión, ansiedad y, en algunos casos, deserción escolar”. 

 

Estan llenando el mundo de Armas ¡
Estan llenando el mundo de Armas ¡
Aministia Internacional. Fotografía de la actividad del 29 abril 2013, en la que un dirigible transportó miles de firmas a la embajada de los Estados Unidos. 
En contra de la Venta libre de Armas en el mundo.

A seis años de la ILE se han realizado 95 mil 925 procedimientos


  • InmujeresDF organiza Foro “Yo decido, A seis años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México"
Cortesía de NotieSe
México DFabril 23 de 2013.

A seis años de la entrada en vigor de las reformas que permiten en el Distrito Federal la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación, datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) señalan que del 24 de abril del 2007 al 28 de febrero de 2013 se han practicado 95 mil 925 ILE. 

Del total de procedimientos realizados a las mujeres, 73.2 por ciento han sido originarias de la Ciudad de México, 23.5 por ciento del Estado de México y 3.3 por ciento han venido de otros estados del país o del extranjero. 

Mediante un comunicado de prensa, el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (InmujeresDF) señaló que con esta medida, la capital del país se ha convertido en un referente nacional e internacional en el derecho a decidir una maternidad libre y voluntaria, a la autonomía sobre el cuerpo de las mujeres, así como en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a la información. 

“Esta reforma forma parte de una política de igualdad sustantiva clara, fuerte y estratégica impulsada por los gobiernos democráticos de izquierda que han gobernado esta Ciudad, quienes han sido sensibles a las necesidades estratégicas de las mujeres y a las demandas del movimiento feminista, cuyo respaldo ha sido fundamental para el avance del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres”. 

La dependencia apuntó que en este contexto tiene un papel fundamental de información, asesoría, acompañamiento y canalización a mujeres que deciden interrumpir legalmente su embarazo a través de asesorías especializadas, información clara, objetiva, veraz y laica sobre el derecho de las mujeres a la ILE en el DF, así como informar sobre los hospitales, requisitos y procedimientos implementados por el gobierno capitalino para garantizar este derecho en condiciones de seguridad. 

“Si las mujeres desean ejercer este derecho, se canalizan al hospital del Gobierno del Distrito Federal (GDF) que corresponda y se da seguimiento oportuno”. 

El InmujeresDF aseguró que de 2009 a 2012 brindó, a través de sus 16 Centros de Atención, más de 2 mil asesorías, más de mil canalizaciones a las clínicas u hospitales del GDF habilitados para la ILE, y más de 3 mil 500 actividades como ferias, pláticas, talleres, actividades lúdicas, entre otras, con la finalidad de difundir y promover el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y sexualidad. 

 

México: Ataque a medio de comunicación debe ser investigado y los responsables llevados ante la justicia.

 

Durante la madrugada del día de ayer 17 de abril en la ciudad de Guadalajara, la sede del diario “Mural”, perteneciente al grupo Reforma, fue atacada con dos explosivos, que provocaron daños al exterior del edificio.

 

El pasado 6 de marzo las instalaciones del “Diario de Juárez” y de “Canal 44” ubicadas  en Chihuahua fueron también atacadas. En los últimos años otros medios de comunicación y periodistas en diferentes estados han sido objeto a ataques de esta naturaleza.

 

Amnistía Internacional considera que estos ataques tienen como objetivo intimidar a los medios de comunicación e influir sobre la cobertura que realizan. Por lo tanto deben considerarse como un intento de limitar el ejercicio de la libertad de expresión.

Amnistía Internacional llama a las autoridades a que se aseguren de que las investigaciones que se conduzcan sean eficaces e imparciales,  que los resultados de estas investigaciones sean hechos públicos y que las personas responsables de esta agresión rindan cuentas ante la justicia.

 

Así mismo, la organización hace un llamado a las autoridades estatales y federales a garantizar las medidas de seguridad que las y los periodistas requieran, de conformidad con su voluntad, para asegurar que quienes colaboran con estos medios puedan continuar haciendo su trabajo sin temor a ser víctimas de represalias.

 

Amnistía Internacional considera positivo el anuncio de la eliminación del arraigo en el Distrito Federal

 

Amnistía Internacional saluda el anuncio realizado hoy por el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, de que presentará en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una iniciativa para eliminar la figura del arraigo de Código Penal del Distrito Federal.

 

Este anuncio supone un avance en el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por numerosas organizaciones de derechos humanos y de organismos internacionales en materia de derechos humanos que llaman a eliminar la figura del arraigo de la legislación mexicana ya que el uso de esta figura – que en si misma viola los estándares internacionales de derechos procesales - puede facilitar la comisión de otras graves violaciones de derechos humanos, así como su incompatibilidad con el sistema penal acusatorio establecido en la constitución.

 

El arraigo ha estado asociado a numerosas violaciones de derechos humanos como la tortura, las detenciones arbitrarias y la desaparición forzada.

 

Además, al fomentar la detención de personas sin evidencia suficiente en su contra, para posteriormente proceder a la investigación, se altera el funcionamiento correcto del proceso de investigación, que debería investigar en primer lugar de forma rápida y eficiente para posteriormente proceder a las detenciones que sean necesarias.

 

La necesidad de garantizar investigaciones efectivas encaminadas a llevar ante la justicia a las personas que resulten responsables de actividades criminales, debe hacerse en consonancia con el respeto a los derechos humanos y el uso de técnicas y herramientas de investigación acordes con  el marco internacional.

 

La lucha contra la impunidad debe partir de investigaciones bien fundadas, basadas en la recolección de evidencias admisibles para presentar al poder judicial y sustentar un proceso judicial que garantice el debido proceso y los derechos humanos del procesado y las personas víctimas. El arraigo socava estos elementos fundamentales de la justicia desde el inicio y lejos de contribuir a la efectividad del sistema de justicia está muy relacionado con su falta de eficacia.

 

Amnistía Internacional espera que el anuncio dado a conocer hoy, sea aprobado en las próximas semanas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, garantizando que cualquier medida de investigación que se apruebe se respetuosa de los derechos humanos.

Amnistía Internacional espera que esta decisión, que se suma a la de estados como Chiapas y Oaxaca, sea seguida por otros estados del país, y por las autoridades federales, para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y proceder a la eliminación del arraigo en el menor tiempo posible.

 

Escandalosa la dimensión de la pobreza juvenil en México

Amnistía Internacional recibe con preocupación el informe “Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México” elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

De acuerdo con este informe, presentado el pasado 3 de abril, casi la mitad (46%) de las 52 millones de personas que de acuerdo al CONEVAL viven en situación de pobreza en el país, son niñas, niños y adolecentes.

Además, estos 21.4 millones de menores en la pobreza representan más de la mitad del total de menores de edad en México (el 53.8% de un total de 39.2 millones de menores).

Para Amnistía Internacional estas cifras confirman una realidad escandalosa e inaceptable, que resulta aún más alarmante en las comunidades indígenas, dónde 7 de cada diez niñas y niños viven en condiciones de pobreza y dónde sólo 1 de cada diez niños vive sin ninguna de las carencias medidas por el informe.

La pobreza tiende a formar un círculo vicioso, quienes viven a la pobreza tienen un acceso limitado –o inexistente- a derechos como a una adecuada educación, salud, seguridad y acceso a la justicia. Esto supone una barrera casi infranqueable para escapar a la pobreza en tanto el acceso a estos derechos no sea garantizado.

Especialmente preocupante es que la mayoría de jóvenes del país se encuentre en esta situación, pues de no tomarse medidas urgentes se estará prácticamente condenando una generación entera de mexicanos y mexicanas a vivir mayormente en la pobreza.

Amnistía Internacional ha dado seguimiento a recientes anuncios sobre un plan de combate al hambre y la pobreza. La organización saluda estos compromisos pero señala su preocupación por que estos anuncios no han establecido objetivos claros y medibles, plazos, acciones específicas ni han indicado cual será el presupuesto que se dispondrá para hacer realidad estos compromisos.

“La pobreza no es inevitable, es resultado de decisiones que personas toman sobre la vida de otras personas. Es el resultado de políticas públicas que durante décadas han condenado cada vez a más millones de personas en México a vivir bajo los devastadores efectos de la pobreza” Afirmó Daniel Zapico, representante en México de Amnistía Internacional.

“Sin embargo, si existe una verdadera voluntad de la actual administración de poner fin a esta tragedia, políticas públicas efectivas podrán hacer una verdadera diferencia y contribuir a poner fin a esta inaceptable tragedia”  agregó Zapico.

Amnistía Internacional reitera su llamado a las autoridades mexicanas a hacer públicas cuáles serán las acciones específicas que conformarán su estrategia de combate a la pobreza, y que estás acciones sean participativas e inclusivos. Se debe  especificar de qué forma la sociedad civil y las personas afectadas por la pobreza participarán en la conformación e implementación de esta estrategia.

Además la estrategia de lucha contra la pobreza debe poner el respeto a los derechos humanos en su centro, garantizando que los derechos económicos, sociales y culturales sean protegidos legalmente y plenamente exigibles. Por ello, la organización recuerda a las autoridades mexicanas su compromiso pendiente para firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturas (PFPIDESC). Este protocolo es un instrumento internacional que permite a las personas que viven en la pobreza y cuyos derechos no son respetados por las autoridades, ser escuchados por un comité internacional de las Naciones Unidas.

 

Histórica aprobación de un Tratado sobre Comercio de Armas que sirve para proteger los derechos humanos.

 

Amnistía Internacional, 2 abril 2013

 

Hoy, los países miembros de las Naciones Unidas aprobaron de manera casi unánime el tratado sobre Comercio de Armas. Este tratado prohibirá a los estados transferir armas convencionales a países dónde se sabe que esas armas se usarán para cometer o facilitar genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra.

154 países votaron a favor de adoptar el Tratado frente a 3 votos negativos y 23 abstenciones. Esta votación se produce apenas unos días después de que Cora del Norte, Irán y Siria (países con un notable historial de violaciones de derechos humanos y sometidos a diferentes sanciones por parte de las Naciones Unidas), protagonizaron un cínico intento de bloquearlo.

El Tratado fue presentado a la Asamblea por más de 100 países, incluyendo México, cuyo activo papel a favor de una regulación fuerte del comercio internacional de armas durante todo el proceso negociador es reconocido por Amnistía Internacional.

"Es un momento histórico. Tras años campaña, la mayoría de los países han acordado adoptar un tratado global que puede evitar la llegada de armas a países dónde se usarán para cometer atrocidades", declaró Brian Wood, Director de Control de Armas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional desde la sede de la ONU en Nueva York.

 

"A pesar del cínico intento de Corea del Norte, Irán y Siria , la inmensa mayoría de los países del mundo han mostrado un rotundo apoyo a este tratado para salvar vidas, con los derechos humanos en su centro" añadió Wood.

 

El Tratado también obliga a todos los gobiernos a evaluar el riesgo de transferencia de armas, municiones y componentes a otros países dónde podrían ser usadas para cometer o facilitar serias violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Cuando se constate que este riesgo es real y no puede ser mitigado, los estados han acordado que se detendrán las transferencias de armas.

 

"Cuando piensas en los enormes intereses económicos y el poder político en juego para los grandes productores y exportadores de armas, se constata que este Tratado es un tributo tanto a la sociedad civil que defendió la idea de salvar vidas y reducir el sufrimiento, como a los gobiernos que respondieron a esta llamada", declaró Widney Brown, Directora de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional. 

 

"En los próximos 4 años, el comercio de armas convencionales, municiones y partes y componentes superará los 100,000 millones de dólares al año. Pero hoy los estados han puesto los derechos humanos y la seguridad primero", añadió Brown. 

Desde principios de los años 90, Amnistía Internacional junto a otras organizaciones de la sociedad civil y Premios Nobel de la Paz ha trabajado intensamente para lograr normas globales robustas y legalmente vinculantes, para detener el flujo de armas que alimenta atrocidades en todo el mundo.

 

El tratado fue adoptado tras más de 6 años de discusiones en las Naciones Unidas, un proceso que comenzó en diciembre de 2006 cuando la Asamblea General acordó consultar a todos los estados sobre la factibilidad, ámbito y parámetros de un tratado para regular las transferencias internacionales de armas convencionales.

 

Un número récord  de estados respondieron a la consulta del Secretario General de la ONU, prácticamente todos de forma positiva. Los derechos humanos y el derecho humanitario encabezaban las preocupaciones sobre criterios aplicables.

 

El ámbito del Tratado aprobado cubre las principales categorías de armas convencionales, incluyendo armas pequeñas y ligeras que proliferan en países con conflictos de baja intensidad, violencia armada y un gran número de víctimas civiles.

 

"Como en toda negociación, no logramos todo lo que buscábamos, por ejemplo la munición no está totalmente incluida en todas las previsiones del Tratado, pero dado que el tratado puede ser enmendado y mejorado y ya contiene reglas firmes, sirve como un cimiento fuerte sobre el que construir un sistema internacional para detener el flujo de armas hacia aquellos que cometen atrocidades, tanto en tiempos de guerra como de paz" declaró Wood.

 

"Este éxito muestra que cuando la sociedad tiene una idea realmente buena que ayudará a hacer del mundo un lugar mejor, y se organiza, realmente es posible lograr y hacer la diferencia a escala global".

 

El Tratado será abierto para firma y ratificación el 3 de junio de 2013 en la Asamblea General de la ONU y entrará  en vigor cuando lo ratifiquen 50 estados.

 

Amnistía Internacional llama a todos los países y en particular a los principales países exportadores de armas  a firmar y ratificar el Tratado sobre Comercio de Armas a la brevedad para que pueda entrar en vigor. En coherencia con su activo papel para hacer posible este Tratado, Amnistía Internacional espera que México sea uno de los primeros países en firmarlo.

 

 

Amnistía Internacional llama a un fallo justo y ejemplar para el indígena Alberto Patishtán

Escuchen la nota:

http://amnistia.org.mx/audio26.MP3

 29 marzo 2013

Amnistía Internacional envió el pasado 20 de marzo una carta a los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado Vigésimo de Circuito con el propósito de hacer de su conocimiento las preocupaciones de la organización con relación al caso del profesor indígena Alberto Patishtán. Este tribunal debe decidir próximamente el recurso de reconocimiento de inocencia promovido por Alberto Patishtán.

Alberto Patishtán es un profesor indígena tzotzil, originario del Municipio de El Bosque en el Estado de Chiapas. Fue acusado de participar en una emboscada que tuvo lugar el 12 de junio del 2000 en la cual fueron asesinados siete policías y dos personas más resultaron heridas. Tras ser procesado fue sentenciado a 60 años de prisión por lesiones, homicidio calificado y portación de armas de uso exclusivo del ejército, entre otras acusaciones.

Tras revisar a fondo el caso de Patishtán, Amnistía Internacional concluyó que hubo serias fallas en el proceso,  entre ellas irregularidades y contradicciones en la declaración del testigo que identificó a Alberto Patishtán como responsable de los delitos. Este testimonio fue tomado en cuenta, mientras que la evidencia que indicaba que Patishtán se encontraba en otro lugar durante la emboscada, fue desechada.

La organización también considera que Alberto Patishtán no tuvo acceso a una defensa adecuada, pues tanto su defensor de oficio como un defensor posterior actuaron con notables deficiencias.

Amnistía Internacional ha documentado en varias ocasiones como el sistema de justicia en México falla en garantizar procesos justos e igualitarios, especialmente cuando la persona acusada es un indígena de escasos recursos económicos y sociales.

 

La organización  espera que el Tribunal Colegiado responda con un fallo justo y ejemplar que reconozca a los avances en la obligación de cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos, incluyendo el derecho a un juicio justo y a un recurso judicial efectivo. Es esencial que contribuya a establecer jurisprudencia para que casos como el de Alberto Patishtán no vuelvan a ocurrir. 

 

Guatemala: Primer juicio contra ex presidente es una esperanza de justicia. AI


El juicio de un ex jefe de estado y de su ex jefe de inteligencia, cuyo comienzo ocurrió ayer martes 19 de marzo, supone una oportunidad largamente esperada para que las víctimas de los crímenes contra la humanidad cometidos contra las comunidades mayas de Guatemala obtengan justicia, dijo hoy Amnistía Internacional.

En 1999, una  Comisión de la Verdad respaldada por la ONU encontró que durante los 36 años de conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996) unas 200.000 personas - más del 80% de las cuales eran de origen maya - fueron asesinadas o desaparecidas, y que había tenido lugar un genocidio.

El ex jefe de Estado, el general Efraín Ríos Montt, y su ex jefe de inteligencia militar, Mauricio Rodríguez Sánchez, serán juzgados como autores intelectuales de los asesinatos de 1.771 personas y el desplazamiento forzado de decenas de miles de personas de la región del triángulo Ixil, en el sur del departamento del Quiché.

"Este juicio es realmente histórico porque es la primera vez que un ex jefe de Estado en Centroamérica es llevado a juicio por crímenes de derecho internacional", dijo Guadalupe Marengo, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.

"Los familiares de las víctimas han estado esperando justicia durante más de 30 años. Es un testimonio de su perseverancia y de la de sus abogados que un juicio que ha sido bloqueado por apelaciones durante 11 años esté finalmente teniendo lugar", agregó Marengo.

A pesar de los recientes esfuerzos por fortalecer la justicia y la rendición de cuentas por los abusos del pasado, las fuerzas armadas guatemaltecas siguen sin cooperar en las investigaciones de violaciones cometidas durante el conflicto armado interno. El ejército se ha negado a cooperar con las investigaciones sobre los asesinatos, las desapariciones forzadas, el uso de la violación como arma de guerra y otros crímenes cometidos durante el conflicto.

La no presentación de documentación supone una enorme carga para las familias y las víctimas que buscan justicia o, simplemente, el paradero de sus seres queridos desaparecidos.

"La presencia de Ríos Montt en el banquillo el martes será un momento histórico para Guatemala y para los familiares y grupos de derechos humanos que nunca han renunciado a la búsqueda de la verdad sobre el destino de sus seres queridos", dijo Marengo.

“Amnistía Internacional espera que este juicio suponga un paso significativo y un progreso real en el camino hacia la verdad, justicia y reparación para las victimas y los familiares de aquellos que murieron durante los años de conflicto; un paso que se debería haber dado hace muchos años”.

 

Exigen al Estado mexicano eliminar exhibición mediática de víctimas de delito


  • En la Audiencia durante el 147 periodo ordinario de sesiones de la CIDH, el relator para México, dijo que es una práctica inadmisible
Cortesía de NotieSe
La CIDH pidió también proteger a personas detenidas
México DFmarzo 15 de 2013.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al Estado mexicano eliminar la exhibición ante medios de comunicación de víctimas de delito y de personas detenidas bajo responsabilidad del Ministerio Público, porque, aseguró, se trata de una práctica cruel, inhumana y degradante, que afecta sus derechos a la intimidad, al buen nombre, al honor y a la honra, y tiene grave repercusión en el ámbito social y laboral de las personas exhibidas.
 
En el marco de la Audiencia llevada a cabo en la sede del organismo internacional en Washington, EU, el comisionado de la CIDH, Rodrigo Escobar Gil, subrayó que ésta es una “práctica inadmisible” e invitó al Estado mexicano a profundizar en la elaboración de una política pública para prevenirla.
 
El también Relator para México y sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad de la CIDH, expresó su desacuerdo con los lineamientos preliminares anunciados durante la audiencia por el Gobierno federal, al considerar que la exhibición es una práctica propia de Estados absolutistas, en tanto que “hoy en día los Estados democráticos de derecho tienen que ajustarse a las prácticas en materia de derechos humanos”.
 
Por parte de los peticionarios de la Audiencia estuvieron presentes Jaqueline Saenz de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación; Marco Lara Klahr, del Instituto de Justicia Procesal Penal; y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, quienes expusieron el contexto sistemático de esta práctica violatoria y requirieron al Estado mexicano poner fin a la misma y construir una política de comunicación en materia de seguridad que por una parte informe realmente a la ciudadanía y por la otra no viole los derechos fundamentales de las personas detenidas y de las víctimas del delito.
 
En este contexto, la representante de la Procuraduría General de la República (PGR), Eliana García, sostuvo que a nivel federal existe la determinación de no mostrar las imágenes de las personas detenidas y que el Gobierno federal está en la disposición de propiciar la participación de las Organizaciones de Sociedad Civil (OSC), tanto en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia como el Consejo Nacional de Seguridad Pública para establecer lineamientos que eviten la exhibición de personas en medios.
 
En su intervención, elsubprocurador jurídico de Planeación, Coordinación Interinstitucional y Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Jorge Mirón Reyes, estimó que la política definida por la PGJDF en torno a la presentación ante los medios de comunicación de personas detenidas ha favorecido la cultura de la denuncia.
 
Aseveró que esta política ha fortalecido el derecho a la información que la autoridad tiene con respecto a la ciudadanía. El funcionario indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha decretado inconstitucional la exhibición de personas detenidas ante la opinión pública y por ello considera que se apega a los derechos humanos.
 
En respuesta, Rodrigo Escobar Gil, consideró inaceptable que las autoridades mexicanas digan que como la SCJN no se ha pronunciado al respecto, la práctica se va a perpetuar, “porque realmente México ya ha hecho una reforma constitucional muy importante que es un orgullo para toda América, en el sentido de que su Constitución se interpreta a la luz de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.
 
“Si no ha habido un juicio y si no ha habido una condena penal, ¿cómo se puede mostrar la imagen de una persona que aún es inocente’”, cuestionó el relator.
 
Indicó que en las sociedades democráticas existen límites para el Estado en su política criminal y en su política de prevención del delito, “y esos límites están en la dignidad humana y en los derechos humanos”.
 
Por último, la CDHDF, las organizaciones civiles y las instituciones académicas participantes en la Audiencia, dijeron esperar se elimine lo que consideraron una práctica “inadmisible y violatoria de derechos fundamentales”.

 

México: Base de datos de desapariciones - un paso positivo pero insuficiente.

 

Amnistía Internacional (AI) considera positivas las declaraciones de funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) anunciando que se  dará a conocer  una base de datos completa de personas desaparecidas en México.

 

Al parecer, contiene ya más de 27,000 casos, un número escalofriante de personas que han sido sustraídas de sus familias o cuyo paradero es desconocido.  AI considera inaceptable que las autoridades no hayan tomado medidas eficaces para prevenir, esclarecer o sancionar estos crímenes. Además, es de recordar que hasta el momento no se ha indicado cuántos podrían ser casos de desaparición forzada, es decir,  desapariciones cometidas con la participación directa o indirecta de funcionarios públicos.

 

Es un avance que las autoridades mexicanas finalmente estén recopilando y haciendo pública información que permita dimensionar la magnitud de este problema, el cual fue tolerado e ignorado por el gobierno federal y los gobiernos estatales durante la última administración.

 

Sin embargo, la organización exhorta a las autoridades a especificar las medidas que tomará  para que la base de datos sea un mecanismo eficaz  para investigar las circunstancias de las desapariciones, establecer el paradero de las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia.  Es fundamental que las investigaciones sean imparciales e exhaustivas y que permitan determinar en cuáles desapariciones participaron agentes de las fuerzas de armadas y policías.

 

Las mujeres en México a la espera de seguridad y justicia.

 

AMINSTIA INTERNACIONAL. El pasado lunes 4, medios locales e internacionales dieron informaron sobre seis turistas españolas fueron víctimas de violación durante sus  vacaciones en Acapulco, en el estado de Guerrero.

Tras inicialmente haber minimizado los hechos, las autoridades del Estado de Guerrero se vieron forzadas a reafirmar que se conduciría una investigación completa para procesar a los responsables. Este cambio de discurso pareció obedecer una creciente ola de indignación pública así como a presiones internacionales. 

pecialmente lamentable, es que este trágico suceso no es ajeno a la realidad a la que se enfrentan incontables mujeres, ya que de acuerdo a información recopilada por Amnistía Internacional (AI) cada año miles de niñas y mujeres son víctimas de violencia sexual en México.

De acuerdo con la información que el año pasado presentó Amnistía Internacional al Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, más de 14.000 mujeres son víctimas de violación cada año.  Además, de acuerdo a estudios, está cifra podría representar solo un 20% de los casos reales, pues el 80% de los casos no son denunciados.

De acuerdo a información de condenas ocurridas en  2009 – la última a la que la organización ha tenido acceso -  en México solamente se produjeron 2.795 condenas por violación.

De esta forma, la organización puede concluir que la impunidad sigue siendo uno de las características de la violencia sexual contra las mujeres en México.  

Amnistía Internacional reconoce que si bien han habido algunos avances positivos, como la aprobación de la ley “de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, la violencia de género sigue siendo generalizada. Tanto las autoridades federales como estatales han fracasado sistemáticamente a la hora de garantizar la aplicación efectiva de muchos aspectos de esta ley, lo que contribuido a que la impunidad subsista. 

 

Activistas comunitarios bajo amenaza en Oaxaca

Activistas comunitarios que se oponen a la construcción de turbinas eólicas en el estado de Oaxaca, México, han recibido amenazas. La policía cargó el 2 de febrero contra los miembros del campamento de protesta que se oponen a la construcción de las turbinas.

El 3 de febrero, Mariano López Gómez, activista comunitario que se opone a la construcción de turbinas eólicas cerca de las localidades de Álvaro Obregón y San Dionisio del Mar, en la costa pacífica del estado de Oaxaca, recibió una llamada telefónica amenazadora. Se cree que el autor de la llamada es un pistolero local, que dijo a Mariano López Gómez que deje de ir a la localidad de Álvaro Obregón.  

El 2 de febrero, la policía estatal de Oaxaca trató de disolver un campamento de protesta, montado por miembros de la comunidad de Álvaro Obregón, que bloquea el acceso a la franja de tierra en la que una empresa privada pretende construir 132 turbinas de viento. La operación policial se llevó a cabo sin orden judicial y en aparente violación de una decisión judicial ("amparo de suspensión") dictada el 4 de diciembre, por la que se suspendían las obras de construcción y el acceso de la empresa privada al emplazamiento mientras se resuelve un recurso judicial. Los miembros de la comunidad y la policía afirmaron haber sufrido heridas leves a consecuencia del enfrentamiento. Desde entonces, la policía ha permanecido en la zona, y los miembros de la comunidad creen que puede tratar de emplear de nuevo fuerza excesiva para desalojar a quienes protestan.

Amnistía Internacional ha recibido asimismo nuevos informes de amenazas contra Lucila Bettina Cruz Velázquez. En noviembre de 2011, la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado de Oaxaca dictó medidas cautelares para proteger a Lucila Bettina Cruz frente a las amenazas y los ataques sufridos a consecuencia de su labor de derechos humanos en octubre y noviembre de  2011.